El pasado 3 de mayo de 2008 entró en vigor en España la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, aprobada en la Organización de Naciones Unidas el día 13 de diciembre de 2006.

El texto está integrado por 50 artículos que establecen los principios y valores que deben prevalecer en el respeto por los derechos humanos de las personas con discapacidad, y que deben observar los países que ratifiquen el acuerdo. En su artículo 1º define su objetivo: “…promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”.  Los entendidos aseguran que en esta Convención no se reconocen para las personas con discapacidad derechos humanos distintos de los que ya proclaman otros acuerdos internacionales para todos los hombres y mujeres. Sin embargo, los sistemas internacionales encargados del cumplimiento de los Derechos Humanos han venido denunciando diferencias en el acceso a sus derechos para las personas con discapacidad que, incluso en algunos casos, constituyen alarmantes violaciones sistemáticas. Como las personas con discapacidad constituyen la minoría más mayoritaria de la sociedad internacional, casi 650 millones de personas, el 10% de la población mundial, era necesario buscar nuevas formas de trabajar para que los derechos de este colectivo se vayan respetando cada vez más en todo el mundo.

Todos sabemos que las leyes no son suficientes para garantizar un derecho pero son instrumentos necesarios para lograr que se respeten. No tenemos que pensar mucho para que nos vengan a la cabeza ejemplos de leyes que garantizan nuestros derechos como personas y ciudadanos y que son repetidamente incumplidas. Existen ya muchas leyes que definen la dignidad de toda persona humana y la igualdad de todos ante la ley y, sin embargo, la experiencia cotidiana nos indica que todos los seres humanos nos diferenciamos en nuestra forma de ser, pensar, actuar, riquezas, oportunidades… y esto nos lleva en ocasiones a no respetar los derechos de los demás. Porque las leyes no son suficientes si las personas no estamos concienciadas de que, a pesar de nuestras evidentes diferencias, tenemos la misma dignidad y los mismos derechos básicos, y de ahí la importancia de crear una cultura del respeto a la dignidad y valor de todas las personas. Por eso, el trabajo más importante es el de crear en la sociedad la conciencia de que todas las personas tenemos una dignidad y tenemos los mismos derechos elementales, más allá de nuestra raza, sexo, capacidad económica, forma de pensar, circunstancias en las que nos toca vivir…

En España, a lo largo de las últimas décadas, ha cambiado mucho la forma de ver y considerar a las personas con discapacidad. Actualmente, pueden llevar una vida más integrada en la sociedad y disfrutar de más oportunidades para acceder a la educación, la sanidad, el empleo… A ello ha contribuido, por una parte, el cambio que se ha producido en la sociedad en la forma  de entender y considerar la discapacidad, y, por la otra, algunas leyes que se han creado en estos años como la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) de 1982, la Ley de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (más conocida por su acrónimo LIONDAU) publicada en el 2003, y la reciente Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, publicada a finales del 2006. Estas leyes han estimulado el cambio que se venía dando en la forma de ver y tratar a las personas con discapacidad.

Marie Okabe, la portavoz del Secretario General de la ONU, ha destacado  de la Convención que “es un momento histórico en nuestro esfuerzo para conseguir garantizar los derechos humanos de todas las personas y crear una sociedad plenamente inclusiva”. También nosotros deseamos que el compromiso adquirido, como nación, al ratificar el documento de la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, sea un estímulo para que se siga produciendo en la sociedad un cambio profundo que afirme su valor inalienable y se manifieste en la forma de asegurar su igualdad y no discriminación y, por lo tanto, la equiparación de oportunidades real y efectiva.

P. Fernando de la Torre, SdC